Las soluciones reales no nacerán en los despachos, sino entre las personas que han vivido el problema en carne propia.

Sobre el papel, suena impecable.
En la práctica, no cambia nada.

Tres volúmenes, tres años… y una vivienda social que cae del 60 % al 1 %: ¿para quién escriben este tratado?

Y ahí empieza la reflexión…

Durante tres años, el Estado ha financiado un proyecto ambicioso: el Tratado de Derecho de la Vivienda.
Tres volúmenes, más de setenta autores, catedráticos, jueces y expertos.
Una obra publicada por el Boletín Oficial del Estado con el propósito declarado de “fortalecer el derecho a una vivienda digna”.

Cuando el discurso se come la realidad

El Tratado de Derecho de la Vivienda se vende como la solución jurídica definitiva al drama de la vivienda en España.
Pero detrás de los títulos pomposos y las citas eruditas se esconde la misma realidad que ya conocemos:
más precios, menos acceso, más desigualdad.

Mientras se redactaban esos tomos,
la vivienda social, pieza clave del Estado de bienestar, ha seguido muriendo.
Hace décadas, el parque público representaba casi el 60 % del total en algunos municipios; hoy apenas cubre el 1 % del mercado.
Ese dato lo señalé en mi último artículo: “La vivienda social: del 60 % al 1 % en 40 años”.
Ese es el escenario real mientras las élites académicas debaten en torres de marfil.

Volumen I: el derecho que existe… solo en textos

El primer volumen se dedica a los fundamentos jurídicos del derecho a la vivienda:
Constitución, legislación europea, principios doctrinales… todo ahí.
Pero con una salvedad: es un derecho que no se puede exigir.
Queda en promesa, no en obligación.

Así que aunque digan que la vivienda es un derecho,
no hay mecanismos que obliguen al Estado o a las administraciones a garantizarla.
Y mientras tanto, esos mecanismos desaparecen del mapa.

Volumen II: los síntomas del sistema que no se corrige

En el segundo volumen se abordan todas las “patologías” que sufre el sistema:
ocupaciones, desahucios, ejecuciones hipotecarias, crisis familiares…
Todo está bien analizado, con datos, referencias judiciales, doctrina.

Pero no hay proyecto de cambio.
Se describe el mal, se diagnostica el dolor, pero no se señala un camino claro de curación.
El libro parece repetir el mantra del sistema:
“sé que falla, pero no sirve de nada cambiarlo”.

Volumen III: políticas sin voluntad real

El tercer volumen presenta lo institucional:
fiscalidad, suelo, vivienda social, la ley estatal 12/2023, reservas urbanísticas, impuestos.
Habla de la vivienda como servicio de interés general.
Pero esa declaración, en el propio texto, no obliga a nada.

Se estudian mecanismos fiscales que premian la propiedad especulativa.
Se analizan planes que nunca se coordinan.
Y se reconoce sin ambages que el Estado no está preparado para garantizar vivienda pública.

Tres años, cientos de expertos, coste elevado… ¿y qué resultados?

Se estima que este proyecto costó entre 200.000 y 300.000 euros financiados con fondos públicos.
Tres años de reuniones, correcciones, ediciones institucionales. ¿O me equivoco?
Y el impacto social: casi nulo.

Mientras tanto:

• la vivienda social ha pasado de ser pieza central del sistema a ser una rareza marginal;
• muchas familias siguen pagando más del 50 % de su ingreso en alquiler;
• el acceso a vivienda digna es cada vez más inaccesible.

Con ese presupuesto podría haberse rehabilitado decenas de viviendas sociales,
o financiado asistencia jurídica gratuita para miles de familias en desahucio.
Pero no. Se prefirió producir un tratado intelectual.

El tratado como espejo del Estado

Este proyecto no es solo un tratado académico: es un reflejo del Estado que se observa pero no actúa.
Se construyen discursos, se legitima el sistema, se gana prestigio universitario.
Pero las personas permanecen atrapadas.

Mientras debatimos cláusulas doctrinales y reformas simbólicas,
las viviendas sociales desaparecen,
las deudas se acumulan,
y los derechos quedan para los libros.

Un llamado final a la acción real

Porque la vivienda no es un debate teórico: es el pilar de nuestra vida.
Una casa no es estadística.
Es seguridad, dignidad, libertad.

No necesitamos más tratados perfectos.
Necesitamos decisión política, transparencia en el gasto y programas reales con resultados visibles.

El Estado puede redactar durante años,
publicar con solemnidad institucional,
incluso citarse en cátedras.
Pero mientras no garantice el derecho,
todo eso es adorno.

Esperanza no está en el papel.
Está en las acciones que damos juntos, día a día, por quienes aún no tienen dónde vivir.

La vivienda no es un tema técnico ni un lujo que dependa de leyes imposibles de entender.
Es el punto de partida de una vida estable, de una familia, de un proyecto.
Sin techo, no hay libertad; sin seguridad, no hay futuro.

No necesitamos más tratados ni discursos que digan lo que ya sabemos.
Necesitamos voluntad, unión y una ciudadanía consciente de su poder.

Porque si algo ha quedado claro en estas décadas es que nadie vendrá a arreglar este sistema por nosotros.
Las soluciones reales no nacerán en los despachos, sino entre las personas que han vivido el problema en carne propia.

Cuando la gente se informa, se organiza y se apoya mutuamente,
los privilegios se tambalean, y la verdad deja de ser incómoda para convertirse en fuerza.

Quizás ese sea el verdadero comienzo:
recordar que la vivienda no se defiende desde arriba, sino desde abajo, unidos y entre todos.