Cómo el Estado convirtió la vivienda en su mayor fuente de ingresos.

En los años 80, más del 60 % de toda la vivienda nueva en España era social o protegida.
En 2025, la vivienda social no llega ni al 1,2 % del total de viviendas construidas.

El resto son promociones privadas, destinadas a alimentar un mercado donde la vivienda ya no es un derecho, sino una mercancía fiscalizada.
En cuatro décadas, el Estado ha pasado de construir hogares para las personas a construir impuestos para sí mismo.

El nivel adquisitivo real de la sociedad española ha caído más de un 40 % desde 1980.
El gobierno recauda más que nunca, pero invierte menos que nunca en bienestar social.
Y mientras tanto, el mercado sigue girando, alimentado por la ilusión de propiedad y la promesa vacía de progreso.

De la vivienda social al negocio del siglo: cómo el sistema convirtió un derecho en una fuente de ingresos

En los años ochenta, España vivía su mayor auge de vivienda social. Según datos del Ministerio de Vivienda y FADEI, más del 50 % de las viviendas construidas entre 1980 y 1985 eran de protección oficial, y en 1985 se alcanzó el récord con 114.000 viviendas sociales terminadas, el 67 % del total de la obra nueva.
Aquella política pública garantizaba techo a miles de familias obreras y controlaba, de forma indirecta, el precio de la vivienda libre.

Cuatro décadas después, la cifra se ha desplomado hasta niveles casi residuales: menos del 1 % de las viviendas iniciadas hoy son de promoción pública o protegida, según el Observatorio de Vivienda y Suelo del MITMA.
En cambio, el 88 % de las ventas actuales pertenecen al mercado de segunda mano, y solo el 12 % corresponde a obra nueva, casi toda de renta libre.
El resultado es un mercado completamente privatizado, donde el Estado se ha retirado del deber social y ha dejado el control de un bien básico en manos del negocio financiero e inmobiliario.

La corrupción no está sólo en las inmobiliarias, está en la política del ladrillo.

Del derecho al techo al producto financiero

En los años 80, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) era de 147 €, y una vivienda media de 80 m² costaba unos 30.000 €.
Hoy el SMI es de 1.134 €, pero el mismo tipo de vivienda cuesta 300.000 €.
Esto significa que, mientras el salario mínimo ha aumentado un 672 % nominal, el precio de la vivienda lo ha hecho un 900 %.

En 1980, una familia podía comprar una vivienda en 15 años de trabajo; hoy necesitaría más de 45 años, dedicando la totalidad del salario mínimo.
Y lo más revelador: en 1980 el Estado invertía para construir vivienda asequible; hoy recauda entre un 6 % y un 11 % en impuestos sobre cada compraventa, sin construir prácticamente nada.

De derecho constitucional a producto financiero: el secuestro de la vivienda.

El precio del pan, la gasolina y la mentira del salario

Una barra de pan costaba 0,15 € en 1980; hoy cuesta 0,60 €, una subida del 300 %.
Un litro de gasolina valía 0,25 €; hoy ronda los 1,46 €, un +484 %.
El SMI subió nominalmente un 672 %, pero la inflación acumulada y la carga impositiva hacen que su valor real apenas haya crecido un 60 %.

Es decir: los bienes esenciales han subido entre tres y diez veces más que la capacidad real de compra del trabajador.
Mientras tanto, el mercado de la vivienda se ha convertido en el motor fiscal del país: el 10 % del PIB español depende directamente del ladrillo, según Idealista (2025).
El sistema necesita que las viviendas sean caras para sostener su propio modelo de ingresos.
Cada subida de precios —que empobrece al ciudadano— engorda la recaudación del Estado sin traducirse en bienestar social.

De la vivienda de protección al saqueo con impuestos.

El Estado pasó de invertir en vivienda a vivir de ella.
Primero vendió suelo público, después recortó programas de vivienda protegida, y finalmente convirtió los impuestos sobre la compraventa en una fuente estable de financiación.
El resultado es una paradoja moral:

• los jóvenes ya no pueden comprar,
• los trabajadores dedican la mitad del sueldo a vivienda,
• y el Estado cobra más que nunca, sin construir una sola casa social.

El discurso político habla de “derecho a la vivienda”, pero en la práctica el modelo fiscal se basa en lo contrario: en que la vivienda suba de precio.
Un sistema que necesita que las familias se endeuden para sobrevivir no puede considerarse un Estado de bienestar.
Es una máquina de recaudar disfrazada de democracia social.

“En los años 80, el Estado construía viviendas para las personas.
En 2025, las personas construyen impuestos para el Estado.”

El nivel adquisitivo real de la sociedad española ha caído más de un 40 % desde 1980, según estimaciones de poder de compra y esfuerzo salarial.
El gobierno gana más que nunca con el negocio inmobiliario, pero invierte menos que nunca en bienestar social.
Y mientras tanto, el mercado sigue girando, alimentado por la ilusión de propiedad y la promesa vacía de progreso.